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Comunicado Anulette CD

El 23 de julio del año 2020 fue presentada la primera denuncia en torno a la calidad del medicamento Anulette CD, que fue recepcionada por el Instituto de Salud Pública el 6 de agosto del mismo año. Como consecuencia, el 24 de agosto de 2020 se emitió una Alerta Farmacéutica, denunciando que las pastillas anticonceptivas Anulette CD, cuya serie B20034A tenía defectos que consistían en “envases con disposición errada de algunos comprimidos o falta de estos (placebo en ubicación de comprimido activo/ comprimido con principio activo en la ubicación de placebo – falta de comprimidos con principio activo y/o placebo)”. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2020, se amplió la alerta de retiro del mercado para la serie B20035 del medicamento Anulette CD.

El 4 de septiembre de 2020 se decretó la suspensión del registro sanitario F-11.458, correspondiente al medicamento Anulette CD y se ordenó el retiro y la destrucción de los lotes B20035A y B20034A, por parte del laboratorio que proveyó dichos lotes. A su vez, se ordenó a los establecimientos de salud que dejaran en cuarentena el resto de las unidades correspondientes a otros lotes que tuvieran en su poder. Sin embargo, cuatro días después de decretada la suspensión, y mientras la investigación aún se encontraba vigente, se emitió una nueva resolución por parte del Director del Instituto de Salud Pública, accediendo a la solicitud de revocar el estado de cuarentena del medicamento Anulette CD, argumentando que su defecto era fácilmente observable, traspasando la responsabilidad de determinar el buen estado del medicamento a las usuarias del mismo o, bien, al profesional de salud que los entrega.

Luego de emitida la alerta señalada, Corporación Miles recibió alrededor de 200 de denuncias de mujeres que presentaron embarazos, y que tomaban píldoras anticonceptivas Anulette CD. Ante ello, y por considerarlo una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las afectadas, Corporación Miles inició un procedimiento de mediación con el Consejo de Defensa del Estado, que convocó a diversos actores públicos con injerencia en la regulación de la salud sexual y reproductiva  en el país y a los laboratorios que fabrican y distribuyen estos anticonceptivos.  

Gracias a la persistencia de las mujeres y al trabajo de Corporación Miles,  logramos un importante resultado en este proceso de  mediación, llegando a un acuerdo con el laboratorio que proveyó las píldoras anticonceptivas, que permitió otorgar ciertos beneficios económicos para aquellas mujeres respecto de las cuales se pudo establecer, entre otros requisitos que habían consumido comprimidos provenientes de blísteres correspondientes a los lotes de la serie B20034A y B20035A. 

Con posterioridad a ello, el proceso de mediación continuó con el Estado de Chile, donde, luego de largas conversaciones, no fueron aceptadas diversas solicitudes planteadas, tales como: la creación de un protocolo de fiscalización en los medicamentos de anticonceptivos, la disposición de una oferta más variada de diferentes métodos de anticoncepción de larga duración en los centros de atención primaria y la entrega de prospecto de estos fármacos, entre otras, las cuales estuvimos dispuestas a tranzar. Sin embargo, no pudimos continuar ante el rechazo de nuestro piso mínimo de negociación:

  1. Creación de un Protocolo estandarizado para todos los CESFAM del país que establezca la obligación de mantener un registro del número de lote de las pastillas anticonceptivas que se le entrega a cada usuaria. 
  2. Generar contenido sobre “pasos a seguir” en caso de denegación ilegal de interrupción voluntaria del embarazo y publicarlos en cada página web de los servicios de salud comprometidos, incluyendo un link de acceso directo a la Plataforma OIRS para efectuar denuncias. 
  3. Proveer de atención gratuita en salud mental a las mujeres afectadas (psicológica y psiquiátrica, incluyendo el costo de los fármacos, en caso de ser necesario su consumo). 

Por lo anterior, desde Corporación Miles decidimos dar por frustrada la Mediación y preparar una demanda particular contra el Estado de Chile, para que los tribunales de justicia le obliguen a tomar las medidas de reparación y no repetición que las mujeres de Chile requieren como una garantía de que sus derechos sexuales y reproductivos no se verán afectados en el futuro.