Miles Chile

Author Archives: Josefa Díaz

  1. Monitoreo de Corporación Miles a Ley IVE: «83% de las mujeres interrumpió su embarazo bajo ley de aborto en 3 causales en trimestre enero- marzo de 2019″»

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    Según el último informe del Ministerio de Salud, correspondiente a casos reportados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, a 175 mujeres se les constituyó alguna de las tres causales para acceder al aborto legal en hospitales públicos y privados. De estas, 144 decidieron no continuar con su embarazo -es decir un 82. 2% optó por acogerse a la Ley de Aborto en Tres Causales- y solo 31 mujeres, un 17 % decidió continuarlo. Aún falta que la cartera entregue el reporte de abril a junio de este año.

     

    29 de julio, 2019.- Desde el 25 de diciembre de 2018, el Ministerio de Salud no actualizaba las cifras de abortos legales en nuestro país. Luego de la presión ejercida por diversas organizaciones, entre ellas Corporación Miles que las exigió a través de dos recursos de amparo ante el Consejo de Transparencia por denegación de información, la cartera recién publicó este mes un reporte actualizado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, aunque todavía les falta entregar las cifras de abril a junio.

    De las últimas cifras entregadas por el Minsal, se desprende que de los 175 casos de mujeres que constituían alguna de las tres causales, 144 optaron por interrumpir su embarazo y solo 31 decidió continuarlo. De las que accedieron al aborto legal, 47 lo hicieron por riesgo de vida, 73 por inviabilidad fetal y 24 por violación. “Estas cifras dan cuenta de que la mayoría de las mujeres, que han reunido los antecedentes médicos para acceder a la Ley IVE, están optando por  interrumpir su embarazo y no tener que continuar con riesgo para su vida, gestar embarazos inviables o no deseados productos de violencia sexual”, dicen desde Corporación Miles.

    Desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en septiembre de 2017 hasta fines de marzo de 2019, ingresaron a hospitales públicos y privados 944 mujeres cuyos casos constituían alguna de las tres causales, de las cuales 810 optaron por no seguir su embarazo. Es decir, un 85.8%  de las mujeres decidió abortar bajo las tres causales.

    Por otro lado, la carencia de médicos que no sean objetores,  no contar con la infraestructura necesaria o  derechamente la indiferencia de nuestro sistema respecto a la violencia sexual puede explicar las bajas cifras de mujeres que solicitan el aborto después de una violación. Desde que se comenzó a implementar la ley en septiembre de 2017, solo 130 lo han hecho por causal violación.  “Muy pocas mujeres llegan a constituir la causal. Creemos que esto se debe, principalmente, a que la edad gestacional es extremadamente restringida, particularmente en niñas menores de 14 años, quienes tiene menor acceso a la salud y, aún más, siendo éstas violentadas sexualmente. Creemos que la cifra oficial no se ajusta a la realidad chilena, donde de acuerdo a datos entregados por la Subsecretaría  de Prevención del Delito, cada día al menos 12 mujeres son violentadas sexualmente en Chile”, concluyen desde Corporación Miles.

     

  2. CORPORACIÓN MILES REDUCE JORNADA LABORAL A 40 HORAS SEMANALES

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    Desde el 1 de Julio de 2019, las trabajadoras de Corporación Miles verán disminuida su carga laboral, pasando de trabajar 45 horas a la semana a solo 40, sin ver afectadas sus remuneraciones. Esta medida recoge las políticas laborales ya implementadas en la comuna de Recoleta a favor de los trabajadores y trabajadoras, y que en otros países, como España, es una realidad hace cien años.

    Anunciamos con mucho orgullo esta noticia en pos del bienestar de nuestras trabajadoras y que con esta hora menos de carga laboral que tendrán diariamente podrán disponer de mayor tiempo de ocio o de dedicación a actividades personales. El trabajo tiene que dignificar, y para que se traduzca en un buen desempeño laboral requiere de jornadas más cortas. La realidad ha demostrado que muchas veces más es menos, más horas de trabajo no significan más productividad. A menudo es todo lo contrario, a causa del estrés y cansancio por mantener jornadas laborales más prolongadas.

    Nos gustaría que nuestra iniciativa sirva como motivación para que otras organizaciones no gubernamentales reduzcan también su jornada laboral a términos éticos en beneficio de sus trabajadores y trabajadoras. Y también para que el gobierno respalde finalmente el proyecto de ley de reducción de jornada impulsado por la diputada Camila Vallejo que hoy descansa en el Congreso.

     

  3. Tercer Círculo de Mujeres Estudiantes: Alumnas de todo Chile aprendieron sobre derechos sexuales y reproductivos

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    La actividad organizada por Corporación Miles, y que se realizó el 23 de abril, contó con la participación de destacadas expositoras que entregaron sus conocimientos sobre la Ley de Aborto en 3 Causales, los procedimientos para hacer una denuncia por violencia sexual, sexualidad y placer, anticoncepción e ITS, y violencia online. Fue una jornada potente y emocionante, didáctica y educativa, dónde compartimos y aprendimos unas de otras.

    Mayo, 2019.- Durante todo un día martes, estudiantes de todo Chile participaron del Tercer Círculo de Mujeres Estudiantes que organiza Corporación Miles y que pretende ser un espacio de reflexión sobre diversos temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos y también para conocer la experiencia y necesidades de las jóvenes que hoy están llevando a cabo procesos de reflexión y movilización en las diferentes instituciones educativas a lo largo del país.
    La actividad comenzó temprano, a eso de las 9 de la mañana, con una bienvenida del equipo de Miles. Luego, las participantes se presentaron en el tiempo que duraba un fósforo encendido y contaron el motivo de por qué estaban ahí.
    Tras eso, vino el primer módulo a cargo de Alyse López –Salm, Project manager de IPAS, que expuso sobre los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres, como el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, a no ser discriminadas por ninguna razón y a poder interrumpir un embarazo no deseado mediante un aborto libre que no ponga en riesgo la vida de las mujeres. “Solo el 24% de abortos en Latinoamérica son considerados seguros”, dijo.
    Luego fue el turno de la abogada de Miles, Javiera Canales, quien entregó toda la información actualizada sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley IVE, la que fue complementada con los datos que entregó la coordinadora de salud de Miles, Estefanía Andahur. A las alumnas se les entregaron datos de qué hacer en caso de tener un embarazo que puede constituir alguna de las tres causales de aborto permitido, además del servicio de acompañamiento psicosocial que otorga MILES a mujeres que pasan por eso y que fue acreditado por MINSAL a comienzos de enero de este año.
    El Tercer Círculo de Mujeres continuó con un módulo enfocado sobre violencia sexual, donde se les explicó a las estudiantes los distintos delitos, como abuso sexual o violación, y las penas a que se exponen quienes los cometen. “El delito de violación nunca prescribe, lo que se vence es el plazo para interponer la acción contra el agresor”, sostuvo la abogada.
    Tras un break, la matrona Carolina Peredo habló sobre los diversos métodos anticonceptivos que tienen las mujeres para evitar un embarazo no deseado y detalló las infecciones de transmisión sexual a las que la población se ve más expuestas. Y dio consejos útiles para evitar posibles contagios. “Necesitamos que exista educación sexual para evitar embarazos no deseados e ITS”, dijo.
    Por otro lado, una de los módulos que más captó la atención, debido a los últimos casos que se han denunciado públicamente, fue el de violencia sexual de género en plataformas online que estuvo a cargo de Paz Peña de Acoso. Online. “La violencia sexual online está muy normalizada. Urge que creamos una conciencia feminista al respecto”.
    El Círculo de Mujeres finalizó con una charla didáctica de Jane Morgen, creadora de Japi Jane, sobre sexualidad y placer en la que entregó tips y datos para llevar una sexualidad plena. Y habló sobre la existencia de una brecha sexual entre hombres y mujeres. “En un encuentro sexual heterosexual, el 91% de los hombres suele llegar al orgasmo versus el 39% de las mujeres”, sostuvo.

  4. Denuncia de Miles: Niegan aborto en tres causales a mujer en Hospital de Carabineros

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    Hoy martes 2 de abril de 2019 se conoció públicamente la historia de Candy Jamett. Ella, químico farmacéutica y funcionaria de la PDI, denunció a los médicos y médicas del Hospital de Carabineros (HOSCAR) por no constituir la causal 2 de aborto en tres causales por inviabilidad fetal extrauterina y no tomar en cuenta la existencia de tres informes de especialistas que constituían una malformación inviable incompatible con la vida. Sin perjuicio de lo anterior, los médicos optaron por dilatar su caso hasta ahora, que tiene 25 semanas, haciéndola pasar por tratos vejatorios.

    Los médicos, desde el principio, le dijeron que no estaban de acuerdo con interrumpir su embarazo. Si había al menos una esperanza de vida, no la interrumpirían. Hicieron caso omiso de la decisión de Candy que, en todo momento, fue no continuar su embarazo al constituir causal 2 de la Ley IVE.

    El comité médico del HOSCAR, presidido por el ginécologo Néstor Lagos Friz,  en ningún caso, reconsideró su caso de manera seria. Tampoco pudo recurrir a otro hospital público o clínica, porque al ser funcionaria de la PDI su prestación de salud es Dipreca y pocos establecimientos tienen convenio con dicha institución o, simplemente, los que podían prefirieron no hacerse cargo de su caso, ya que no irían “en contra” de su hospital de referencia.

    Desde Corporación MILES, estamos entregando apoyo legal y psicológico a Candy. Creemos que claramente acá se le denegó el acceso a un derecho consagrado por ley y se configura una vulneración a sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la integridad física y psíquica entre otros.

    En ese sentido, la normativa técnica del MINSAL es clara: no da para interpretaciones amplias que se ajusten a los cánones morales o éticos de los médicos de turno, ni mucho a menos a excluir informes médicos o considerar únicamente los de su staff privado de un hospital o clínica en particular.

    En este proceso, ella ha enfrentado tratos poco dignos que rayan, incluso, en la misoginia: Le han recomendado dar en adopción a su hijo cuando se sabe que es inviable con la vida o le han dicho que no se preocupe de interrumpir su embarazo bajo la ley 21.030 porque de todas maneras lo más probable es que su embarazo no llegue a término.

    Esto nos parece de una falta de empatía, sensibilidad y de seriedad de los equipos médicos que merece ser castigado. Es una vulneración gravísima a los derechos sexuales y reproductivos.  Ella hizo todo lo posible para que respetaran su decisión, pero fue en vano. Su opinión no fue importante y deberá continuar con un embarazo que ya sabemos cómo terminará. Finalmente, pesó más la intransigencia médica y la ignorancia respecto a la ley 21.030, sus reglamentos y normativas técnicas, que impidió a que accediera a este servicio.

    El caso de Candy es uno de los muchos casos en que mujeres ven vulnerados sus derechos y decisiones a pesar de que la legislación vigente las protege en la teoría. A más de un año de la promulgación de la Ley IVE siguen existiendo trabas importantes que impiden su correcta implementación. En muchos casos, es por la vergonzosa ignorancia de quienes deben implementar la ley. ¿Qué hace el Estado para no abandonar a estas mujeres y se cumpla la ley? Están en deuda con Candy y otras mujeres como ella.

  5. La anticoncepción de emergencia y sus objetores

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    Por Guillermo Galán en El Dínamo.

     

    Hace unas semanas salió un estudio alemán afirmando que los anticonceptivos de emergencia podrían provocar depresión o conductas suicidas. Hasta el momento no hay ningún estudio serio que corrobore dicha afirmación. Las estadísticas dan para mucho. Hay que tener cuidado con el análisis de las investigaciones, sobre todo cuando están relacionadas a los métodos de anticoncepción, porque se crean grandes mitos sin mucho asidero, dentro de los cuales está la depresión que apareció como un riesgo que se pensaba secundario al uso de anticonceptivos. Durante un tiempo, incluso, se pensaba que la mujer que usaba antidepresivos no debía usar anticonceptivo hormonal combinado, y resultó no ser así: las contraindicaciones son muy pocas y no tienen relación con la depresión. Hay que tener cuidado con estos estudios, de tal manera de no desinformar a la población y no disminuir el uso de métodos de anticonceptivos porque su uso nos está evitando problemas graves.

    Es más, es mucho más probable que una mujer caiga en depresión con un embarazo no deseado que por tomar un anticonceptivo hormonal. La cosa es súper clara: nosotros estamos usando anticonceptivos, precisamente, para evitar un embarazo no deseado. Y para eso tenemos una tecnología amplísima. En Chile, llevamos más de una década de uso de anticonceptivos de emergencia y no han sido tan difundidos como debiera ser. Hay un grupo de mujeres que tiene conocimientos sobre el uso de métodos anticonceptivos, pero las huestes nuevas de adolescentes tienen que ser re informadas y en eso hemos estado fallando. Los espacios para hablar de la anticoncepción de emergencia se dejaron de utilizar, porque cuando se liberaron se supuso que todo el mundo ya sabía de anticoncepción de emergencia. Y no era así. Hay mucho desconocimiento de los derechos sexuales que tienen las mujeres. Todavía tenemos embarazos no deseados. Y la anticoncepción de emergencia es salvadora en esos casos. Porque la mujer que tiene una relación no protegida por cualquier razón que sea, porque se rompió un condón, porque no usó bien la píldora, porque usó mal el Billings, es al único elemento que puede recurrir para evitar un embarazo no deseado.

    En Chile, si bien, ha mejorado el nivel de distribución y entrega de la anticoncepción hormonal de emergencia, según muestra el estudio MILES de 2018, aún existe un 8,3 por ciento de municipios que no entregan la píldora del día después. Eso habla de una inequidad tremenda. Quienes no la entregan, aducen falta de stock, pero también razones ideológicas. Y hay otra cosa: Podrían aducir objeción de conciencia. Pero si a mí me viene una persona a solicitar algo con lo cual moral o éticamente no estoy de acuerdo, yo tengo la obligación de solucionarle el problema y derivarla a quien corresponde. Y eso no se está haciendo con los grupos objetores de conciencia. No se deriva a las mujeres y ellas tienen que buscar por otros lados.

    No hay que tapar el sol con un dedo. El embarazo adolescente existe desde que el ser humano es ser humano. Somos seres sexuados. La sexualidad no comienza recién a partir de los 14 años. Más bien, nos acompaña siempre. Así de simple. Y se logra ejercer libre y adecuadamente, y actualmente de manera protegida, con una buena educación sexual. Si nosotros le enseñamos a todos los niños, en algún minuto, a usar adecuadamente el condón y a convencerlos de que deben usarlos de tal manera de proteger a la mujer y protegerse a sí mismos, estoy seguro que disminuirían las infecciones de transmisión sexual y habrían menos embarazos no deseados.

    El problema es que los padres tampoco recibimos esa información en nuestro tiempo. Hay un círculo vicioso. Cómo le contesto a mi hijo o hija una pregunta que para mí es difícil de contestarle si no me educaron para ello. Ese círculo hay que cortarlo en alguna parte. Tenemos que aprender tanto padres y apoderados como profesores. Y hay que impulsar a que la educación sexual en colegios sea obligatoria y no se deje a la libertad de los establecimientos.

    Porque, de todas maneras, la sexualidad la van a ejercer. Y la ejercerán a escondidas si es que no hablan con los padres o no tienen una guía. Hay que empezar a hablar desde lo más precoz posible. Porque siempre es tarde cuando uno empieza a hablar de sexualidad con los hijos.

  6. Coordinadora de Salud de Corporación MILES: “Hay regiones en donde hay solo una médica realizando abortos y le han hecho la vida imposible”

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    La psicóloga Estefanía Andahur entregó detalles sobre lo que contempla el programa de acompañamiento contemplado por la Ley 21.030 y analizó las principales trabas a las que se ven enfrentadas las mujeres que deciden abortar: «Hay barreras persistentes por parte de los profesionales de la salud, basados en la ignorancia, prejuicios y en una banalización y normalización de la violencia sexual que perjudica y vulnera los derechos de la mujer como paciente», aseguró.

    Publicado en El Desconcierto el 4 de febrero de 2019.

    A un año y cuatro meses desde que entró en vigencia la ley que despenalizó el aborto en tres causales, el Ministerio de Salud acreditó en enero a las primeras instituciones de la sociedad civil que podrán otorgar el programa de acompañamiento psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Una de ellas, es Corporación MILES que hace años viene trabajando en pos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este servicio de acompañamiento, en ningún caso, intenta influir en las decisiones de ellas.

    En esta entrevista, la psicóloga Estefanía Andahur entrega detalles sobre lo que contempla este acompañamiento, que es realizado por un equipo multidisciplinario y que en el caso de Miles es totalmente gratuito, además de analizar las principales trabas a las que se ven enfrentadas las mujeres que deciden abortar bajo la Ley 21.030.

    ¿En qué consiste el servicio de acompañamiento que brinda Corporación Miles a las mujeres que se encuentran en alguna de las tres causales de aborto?

    -La mujer puede acceder voluntariamente cuando se encuentra en una de las tres causales. Se ofrece información y orientación para que tome decisiones libres e informadas y favorezca su autonomía. En el proceso puede intervenir una psicóloga, trabajadora social, ginecóloga, matrón, psiquiatra e incluso, en nuestro caso, una abogada que brinda orientación legal. Es una intervención que se adapta a las necesidades que la mujer plantea.

    ¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes respecto al acompañamiento que se le da independiente si deciden abortar o continuar su embarazo?

    -Nuestro enfoque es de derechos y de género, lo que se traduce en que entregamos toda la información disponible sobre la ley y su situación de salud, para que la mujer tome la decisión sobre si seguir con su embarazo o no de la manera más clara posible. Ella decide. Nosotras solo facilitamos, a través de la intervención, que su decisión sea coherente con lo que desea. En ese espacio la mujer siente la confianza de decir lo que sea que en otra parte no se atreve. El equipo está consciente de la desigualdad de género que afecta transversalmente la vida de las mujeres y de que socialmente el género mismo ha cambiado. Eso quiere decir que un hombre trans o una lesbiana pueden encontrarse en estas causales. Por lo tanto, aplica otra “escucha”, otra mirada en la intervención, contemplando las particularidades de cada persona. Ahí reivindicamos la condición de ciudadanas de las mujeres como protagonistas de sus decisiones de salud, aspecto que ha sido degradado e indigno en materia de salud reproductiva.

    ¿En qué se diferencian con el acompañamiento que entrega el Minsal o Aprofa?

    – Nosotras instalamos el acompañamiento desde distintas perspectivas, no es solo informar, leer una lista de derechos y ya está. La idea es que la mujer pueda aliviarse y que termine el proceso con algo, sea una pregunta, un lugar, que germine algo… no miro el psiquismo en los tiempos de la ley. Si una mujer quiere ir a la psicóloga un año después de abortar o tener un hijo, tenemos las puertas abiertas. Además, es un servicio gratuito y entrega orientación legal a la mujer que es muy útil en todas las causales. En la causal violación hay mucha desinformación sobre qué corresponde hacer en el caso de que la mujer sea mayor o menor de edad y que su decisión de abortar o no es independiente de ejercer su derecho a denunciar. Esto es importante porque el servicio de salud está obligado, en casos de mujeres mayor de edad, a poner en conocimiento al Ministerio Público, pero es la mujer quien decide si continuar o no con el proceso de investigación. La orientación legal también sirve en la causal 1 y 2, porque muchas veces los profesionales de salud no tienen tanta claridad sobre lo que corresponde hacer en esos casos.

    ¿Con qué casos se han ido encontrado?

    – La mayoría de los casos son de la causal dos de inviabilidad fetal que requiere de dos diagnósticos de médicos especialistas. Eso implica que las mujeres esperen mucho tiempo para recibir la confirmación porque faltan profesionales. En el proceso de espera, la mujer enfrenta tratos poco adecuados o, incluso, malos. Con poca información. Los otros son los casos de violación, donde se ve severamente obstruido y negado su derecho a decidir. Hay barreras persistentes por parte de los profesionales de la salud, basados en la ignorancia, prejuicios y en una banalización y normalización de la violencia sexual que perjudica y vulnera los derechos de la mujer como paciente. Finalmente, repercute en su derecho a decidir si quiere o no seguir con su embarazo y además a no ser revictimizada y acceder a un tratamiento de reparación.

    ¿Cuáles son los principales temores a las que se ven enfrentadas las mujeres que deciden abortar bajo cualquiera de las tres causales?

    -Principalmente en no recibir una atención digna, en que pongan en duda su palabra como víctima de violación, que las sometan a una burocracia para comprobar una serie de cosas, en cualquiera de las causales y se olviden de ella como sujeto que está haciendo uso de un derecho garantizado por el Estado. Hemos visto varios casos post interrupción y lo que las mujeres sienten que no se toma su situación de salud y sus derechos como algo serio, la sitúan como un objeto, no hay una escucha activa ni una praxis que se traduzca en dar información sobre el proceso, que tranquiliza enormemente, baja la angustia.

    ¿Tienen miedo a ser estigmatizadas?

    -Eso no está tan presente en lo que hemos visto como Corporación, aunque existe. Lo que vemos más acentuado es el miedo a que no se respete su palabra, su decisión, ni sus necesidades en la atención de salud. Si la mujer tiene clara su decisión, hay consentimiento informado y no quiere hablar del tema, no hay que meterse ni “ir a asegurarse”. Si una mujer quiere hacer duelo, pues hay que facilitarlo cuando ella quiera, no antes, no después, ni cuando el profesional quiera. Y si quiere hablar antes, durante y después, hay que estar; si quiere escuchar los pasos y procedimientos 20 veces, hay que repetirlo. Es su necesidad y los profesionales a cargo deben, simplemente, estar a disposición. Lo que se pone en juego es la concepción de la mujer como sujeto de derecho, no lo que se suele pensar: una potencial madre. Aun siendo limitada, la ley asegura que se haga valer la decisión de la mujer y eso permea socialmente, porque saca a las mujeres de lo clandestino y lo ilegal, disminuyendo la estigmatización. Cuando vienen mujeres a Miles a denunciar una negligencia, lo primero que dicen es que lo hacen para validar su derecho y porque no quieren que le pase a otra mujer. En el fondo, están cimentando un camino para otras.

    ¿Hay mucho desconocimiento de parte de las mujeres sobre sus derechos?

    -El conocimiento está, pero todavía es vago sobre la especificidad, porque la ley tampoco es simple. Incluye detalles que pueden ser dificultosos, implican burocracia. Son los profesionales de salud quienes deben informar en ese nivel, pero hay desconocimiento también. La ley todavía tiene dificultades de implementación. Nosotras sabemos de obstáculos, que no solo se dan en las unidades de Alto Riesgo Obstétrico, sino que también antes. Hay un número importante de mujeres que ni siquiera logran constituir su causal por negligencia de los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. Por eso las mujeres deben conocer a cabalidad la ley, para fiscalizar, porque pone en juego sus proyectos de vida, a pesar de que esto debiese informarse desde los establecimientos educacionales hasta los municipios, pero como todo derecho de las mujeres en el terreno sexual es difícil, tenemos que hacer un esfuerzo por informarnos.

    ¿Cuáles son las principales trabas con las mujeres que deciden interrumpir un embarazo bajo cualquiera de las tres causales?

    -Las trabas son varias. Los objetores de conciencia individuales e institucionales en Chile han tenido demasiados problemas de regulación. Muchos profesionales se declaran objetores por ignorancia, no por convicciones y también, siendo sinceras, para ahorrarse trabajo. Ahí, los profesionales que sí tienen un compromiso con los derechos y la salud de las mujeres son los que ponen el hombro y ojalá sigan haciéndolo, porque educan a otros, técnica y éticamente. Ellos necesitan validarse públicamente también. Porque quedan en el anonimato y son los que en realidad tienen un enfoque de derechos en la salud sexual y reproductiva, que hacen la diferencia en la vida de las mujeres. Los objetores no pueden posicionarse como los virtuosos. Es ejercicio de un derecho, sí. Pero masificar la obstrucción, no. Por otra parte, los objetores de conciencia, al parecer, en la práctica son objetores de las decisiones de las mujeres. Porque, según la ley, la objeción aplica solo cuando la interrupción es en pabellón, pero las interrupciones también se hacen a través de medicamentos y ahí, no se sabe si los objetores cumplen con la ley.

    Por otro lado, todavía falta sensibilización y capacitación a los profesionales y funcionarios, porque cuando se trata de esta ley todo el sistema de salud se hace presente y no solo los profesionales del equipo IVE (interrupción voluntaria del embarazo). Por lo tanto, desde la persona que atiende en Urgencias hasta quien abre la puerta de un consultorio u hospital, puede obstaculizar por emitir juicios o informar incorrectamente. Falta conocimiento y fomentar un sentido de responsabilidad con lo público. También se debe capacitar sobre violencia sexual. En esto último, la normalización de ubicar a las mujeres como objeto, es aberrante. Todos los profesionales deben entender que la mujer fue víctima de un delito.

    ¿Hay desprotección de parte del Estado?

    -Totalmente. Que en Osorno no existan médicos para realizar abortos por la causal de violación implica una falta de servicio. Esto, sumado a la falta de capacitación de los profesionales de la salud que no saben técnicas básicas para la realización de la interrupción en cualquiera de las causales, no siguen la guía técnica ni la dosificación recomendada, provoca que las mujeres pasen muchísimas horas en preparto o, en su defecto, les realizan cesáreas antes que un aborto por el desconocimiento. Tampoco saben utilizar las técnicas AMEU (Aspiración Manual Endouterina), que reemplaza el legrado. Todo esto implica una falta de servicio por parte del Estado.

    ¿Cuánto es el peso de los sectores más conservadores al interior de los hospitales públicos que impiden que la mujer pueda abortar bajo las tres causales?

    -Creo que cada hospital tiene su cultura interna, pero sabemos de casos en regiones distintas a la metropolitana en que hay solo una médica realizando los abortos y le han hecho la vida imposible. Como el hospital no puede ser objetor institucional al ser público, ponen otras trabas para que la mujer tenga acceso a la prestación de salud, pero además dificultan la vida laboral de la médica. Los conservadores no son buenos para respetar la cultura democrática, siempre van a tratar de imponerse.

    ¿Qué pasa en los establecimientos de salud donde hay profesionales de la salud que deciden practicar abortos bajo las tres causales? ¿Los objetores de conciencia los estigmatizan?

    – La estigmatización de los médicos y médicas como los “aborteros” fue muy habitual y todavía sigue. El gremio médico en Chile, lamentablemente, no es innovador ni menos progresista. Además, por la estigmatización a la que se exponen por defender los derechos, es obvio que muchos tienden al silencio. El poder en Chile es conservador y a muchos profesionales de la salud les escuchamos decir que hay que tener cuidado con el jefe. Otros, tienen la suerte de trabajar en lugares donde el aborto es parte de la profesión y se tiene que hacer bien, pero son la excepción.

  7. Corporación Miles presentó alegatos contra objeción de conciencia ante Corte de Apelaciones

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    Corporación MILES, junto a ABOFEM y la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, presentó sus alegatos en el recurso de protección en contra de Sebastián Piñera y el ministro de salud Emilio Santelices por el reglamento sobre objeción de conciencia del aborto en tres causales.

    Publicado en El Desconcierto / 13.02.2019

    A través de esta acción, las activistas buscan impedir que exista objeción de conciencia en establecimientos privados que reciben fondos públicos para que no se vulneren los derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la integridad psíquica y física y el derecho a la igualdad ante la ley, ya que de lo contrario existirán mujeres que puedan acceder a la prestación del aborto y otras que no.

    El recurso busca que se dicte una norma de reemplazo al art. 13 del Reglamento Para Ejercer Objeción de Conciencia, porque establece diferencias arbitrarias contrarias a la igualdad ante la ley.

    El solo restringirla a los servicios que comprendan por su naturaleza atenciones en pabellón, niega la posibilidad a que los servicios de salud de niveles primarios y secundarios realicen la prestación del aborto por medio menos lesivos.

    “En este escenario actual se evita que la mujer llegue al 1 y 2 nivel de atención. Se desnaturaliza el procedimiento y niega el acceso a las mujeres a la prestación en servicios de salud financiados por el Estado”, sostiene la Coordinadora del Área Legal de MILES, la abogada Javiera Canales.

    Esta limitación de acceso a la salud sexual y reproductiva afecta directamente a mujeres en edad fértil de sectores más vulnerables, pues no son libres de someterse al prestador de salud que más les conviene.

    El Ministerio de Salud debe ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones. Y dictar un reglamento conforme a derecho.

    “Hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar de derechos fundamentales: ya que hablar de ellos implica el reconocimiento y respeto de la libertad, igualdad y dignidad inherentes de las personas, sin ningún tipo de discriminación”, agrega la abogada de MILES.

    La Corte de Apelaciones decidió aplazar su resolución para unos días más. Si rechaza el recurso significaría que el reglamento sobre objeción de conciencia en el aborto en tres causales no vulnera los derechos fundamentales de las mujeres. Esto no garantiza igualdad ante la ley y no resguarda la integridad física y psíquica de las mujeres. Y si es favorable, declararía como ilegal al actual reglamento sobre objeción de conciencia en el aborto en tres causales. Y el MINSAL estaría obligado a redactar otro que no vulnere los derechos fundamentales de las mujeres.

    “Esperamos que dictamine a favor de nuestros derechos fundamentales y no a favor de los intereses de privados”, concluye Javiera Canales.

  8. La deuda de Chile en materia de derechos humanos ante la ONU

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    Por Arianna D’Angelo*

    Este 22 de enero el Estado de Chile se sometió al tercer ciclo del Examen Periódico Universal, un mecanismo implementado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo el seguimiento de los esfuerzos de cada país miembro en reconocer y proteger los derechos humanos. Chile, a lo largo de décadas, se ha comprometido a introducir herramientas legales, sociales y políticas que permitan el ejercicio de estos mismos. Eso en teoría. Porque en la práctica, nuestro país aún está en deuda en esta materia.

    Como Corporación Miles hemos contribuido al proceso de evaluación, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, participando en informes alternativos a los del gobierno, con el objetivo de proponer una perspectiva de derechos humanos desde la experiencia de cada organización y así evidenciar las vulneraciones de derechos que ocurren en el país. Hemos velado por la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a reconocer la identidad de género de las personas trans, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, a recibir una educación sexual y afectiva, al acceso indiscriminado al aborto bajo las tres causales y a la inclusión de la causal salud física y mental entre las circunstancias en las que es posible realizarse un aborto legal, seguro y gratuito.

    Muchos de estos temas ya habían sido objeto de recomendación en el pasado EPU realizado en 2014. Recomendaciones que, en su mayoría, fueron aceptadas por el Estado de Chile que se comprometió a impulsarlas. La despenalización del aborto en las tres causales respondió en parte a la profunda preocupación expresada por varios países en relación a la total ilegalidad del aborto. Sin embargo, el Estado de Chile eligió no incluir la causal de salud física y mental en la Ley 21.030 -cuando el riesgo a la salud no es letal pero sí afecta la vida a la mujer- a pesar de que la mayoría de los países estimaban necesaria contemplarla por respeto a los derechos humanos.

    La inclusión de la causal salud física y mental ha vuelto a aparecer este tercer examen, junto a la necesidad de regular la objeción de conciencia de manera que no represente una barrera de acceso al servicio de aborto en tres causales, garantizado por la ley en establecimientos públicos que, en su forma actual, ha sido estimada por la comunidad internacional como problemática. Se le recomienda al Estado de Chile que cada servicio de salud pública tenga por lo menos un equipo de profesionales no objetores. Cosa que hasta ahora ha dependido de la voluntad de cada establecimiento de salud.

    El Estado de Chile ha avanzado lo suficiente para alcanzar un mínimo ético en relación a las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos, pero no muestra mucho interés en encaminarse hacia una visión más amplia de derechos humanos. Tampoco ha tomado acciones necesarias para que las leyes y políticas públicas, que ya ha promulgado, sean efectivamente implementadas. Esto último se traduce, por ejemplo, en que en la actualidad hay una falta total de voluntad de parte del gobierno de Sebastián Piñera de capacitar a profesionales de salud sobre cómo realizar un aborto bajo las tres causales. Lo mismo se puede decir de la violencia contra la mujer. A pesar de que constantemente el Estado de Chile se ha comprometido a luchar contra la violencia de género, y ha tomado medidas en esa dirección, ignora las recomendaciones dadas por otros países desde el 2009, año en que se realizó el Primer EPU, cuando lo llamaron a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que permitiría a un organismo internacional designado investigar supuestas vulneraciones de derechos humanos de la mujer perpetradas por el Estado.

    El Tercer Examen Periódico Universal nos muestra que Chile, a pesar de que no sea uno de los países con menor resguardo o compromiso hacia los derechos humanos sexuales y reproductivos en el mundo, en la práctica ha tomado acciones que parecen enfocadas solo en lograr el mínimo indispensable para dar cumplimiento a los tratados y compromisos internacionales más que en abrazar una “cultura de derechos humanos” como principio fundamental.

    Ahora está por verse si Chile acepta las recomendaciones de los demás Estados o hace oídos sordos. Si fuese así, nuestro país se podría exponer a sanciones de tipo económico o político o, en casos críticos, a acciones legales. También se corre el riesgo de transformarse en un país “problemático” con el que los otros no quieren hacer alianzas y, en general, de ser marginado en la toma de decisiones a nivel internacional.

    *Coordinadora del Área de Investigación de Corporación Miles.

     

  9. ¿Cómo alguien puede oponerse a la educación sexual?

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    Tras la polémica surgida estos días por la entrega del libro “100 preguntas sobre sexualidad” aparece la pregunta ¿Por qué nos asusta la educación sexual, hablar abiertamente de sexualidad?

    Por Jennifer Durán Villalón. Socióloga.
Magister(c) en sexualidad y afectividad.

    La educación sexual no es un asunto de conservar o destruir ciertos valores, se trata en primer término de un asunto de salud pública, ya en 1926 se implementaron los primeros programas de educación sexual, seguidos en 1960 con la entrega de contenidos en sexualidad, principalmente para combatir la mortalidad materna. Segundo, la manera en que se ha ejecutado hasta ahora, refleja una forma de pensar la política pública, ya que los planes sólo han consistido en intervenciones aisladas y verticales, sin participación de la comunidad y sin considerar sus intereses al definir los contenidos. Tercero, la forma en la que se ha llevado a cabo también da cuenta de cómo se ejecutan tales políticas públicas. Recordemos que desde 1990 se han destinado recursos a programas de educación sexual, sin que las evaluaciones de estos sean de libre disposición y sin un seguimiento a sus resultados. Más allá del número de docentes o personal de salud capacitado, no hay información respecto a su impacto a mediano y largo plazo en la población infantil y juvenil, grupo donde hasta ahora no se ha logrado disminuir el embarazo ni las infecciones de transmisión sexual (ITS) incluido el VIH.

    En un país con altos niveles de estereotipos de género presentes en la educación, la publicidad y el mundo laboral, donde el acoso callejero recién comienza a ser reconocido como una agresión, donde las denuncias de abuso sexual aún prescriben, donde las personas en situación de discapacidad siguen siendo vistas como asexuadas, por lo que no se toman medidas para su educación sexual y especialmente, para su protección frente al abuso. Donde muchos padres crecieron escuchando que el sexo era malo, sucio, peligroso, oyendo de sus propios padres y abuelos que “preferían en la familia un hijo ladrón que un hijo maricón” ( o un hijo con SIDA, que para la época era lo mismo) quienes tuvieron que aprender a usar condones por si mismos, porque sus padres y madres nunca los usaron. Ante este escenario, tanto para padres, profesionales de la salud como docentes, probablemente abrir la puerta a las preguntas de los jóvenes respecto a la sexualidad sea abrir su propia caja de Pandora, revelar las dudas e inseguridad frente a su vida sexual, el miedo al embarazo de los primeros encuentros o el dolor de un abuso no sanado.

    ¿Cómo pretender que en un país con altas tasas de insatisfacción sexual, de uso de páginas web y aplicaciones para concertar encuentros sexuales fuera de la pareja, que no tiene barrios rojos sino café con piernas, los adultos sean capaces de admitir libremente que sus niños y jóvenes pregunten sobre sexo? ¿Cómo esperar que, mientras femicidios y denuncias por pensión alimenticia aumentan en los tribunales, los jóvenes no se cuestionen los roles y valores sobre la sexualidad, el amor y la familia que declaran sus padres? ¿Cómo pedir a las familias que eduquen en sexualidad, si no cuentan con los conocimientos ni las herramientas? ¿Cómo pedir a los colegios que eduquen en sexualidad, sin una preparación y acompañamiento a los docentes? ¿Cómo pedir a los estudiantes atención, si sus inquietudes difieren dramáticamente con los contenidos entregados? ¿Cómo aspirar a un diálogo, si los jóvenes no quieren replicar los valores de sus padres y los padres niegan sus propias experiencias sexuales? ¿Cómo hacernos cargo de la sexualidad de otros, si no hemos sido capaces, como adultos, de afrontar nuestra propia sexualidad?

    Chile desde los noventa ha contado con alrededor de seis programas o planes de educación sexual, todos ellos cuestionados a poco andar por entregar contenidos demasiado “explícitos”. Como si mágicamente, al no hablar de sexo, desapareciera el 14% de jóvenes con embarazo adolescente, los que inician su vida sexual a los 16 años o el, hasta ahora desconocido, porcentaje de menores con depresión e intentos de suicidio por no comprender qué les pasa, sintiéndose raros, solos, con temor a la reacción del entorno familiar y escolar ante su homosexualidad o transexualidad.

    Desde el año 2010 contamos con la ley 20.418, que señala en su artículo 1º.- “Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. Dicha educación e información deberán entregarse por cualquier medio, de manera completa y sin sesgo (…) para decidir sobre los métodos de regulación de la fertilidad y, especialmente, para prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual y sus consecuencias”, lo que evidentemente no se está cumpliendo.
    El año 2015 se publica, para América latina, el documento de evaluación de la declaración ministerial “Prevenir con educación”, donde Chile aparece cumpliendo sólo el 34% de los compromisos que declaró el año 2008 sobre educación sexual, siendo el país peor evaluado en latinoamerica. Del compromiso del Ministerio de Educación, de reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas que no hayan institucionalizado la educación integral en sexualidad, obtienen la más baja calificación diez de los doce puntos comprometidos. Para la meta del Ministerio de Salud de reducir en 50% la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura para atender sus necesidades de salud sexual y reproductiva, la evaluación resulta más positiva, sin embargo presenta una baja valoración en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a servicios de salud sexual, la inclusión de jóvenes y del conjunto de la sociedad civil para mejorar el diseño de las políticas públicas en esta materia.

    Las experiencias internacionales destacan que contar con programas integrales, que brinden información sobre salud sexual y salud reproductiva dan lugar a un inicio más tardío de la actividad sexual y mayores conductas de autocuidado desde la primera relación sexual, ayudando a niñas y niños a protegerse de los embarazos no deseados, a defender sus derechos, a cuestionar modelos nocivos de masculinidad o feminidad, a protegerse a sí mismos y a sus parejas de las infecciones de transmisión sexual, a decidir tener relaciones sexuales cuando realmente lo deseen, en vez de ceder a las presiones de su pareja, su entorno o a estereotipos sobre el comportamiento sexual.

    Considerando esto me pregunto ¿Cómo alguien puede oponerse a la educación sexual? a que los jóvenes reciban educación sexual, a que ojala todos, sin distinción de edad, puedan recibir educación sexual, compartir sus inquietudes, derribar sus mitos, confrontar sus miedos. Lo que como adultos debemos respondernos es ¿Hasta qué punto nuestro orgullo y nuestro miedo será mayor que el amor que tenemos por nuestros jóvenes? ¿Hasta qué punto preferiremos el silencio, no hacernos cargo de nuestros propios temores, de nuestra propia ignorancia, de nuestros propios errores?. Ya es hora de que, por nuestro bien y el de los que vendrán, dejemos de esconder la cabeza frente a las acciones e inquietudes de niños y jóvenes, que seamos honestos sobre nuestras acciones, actuales y pasadas, para finalmente dialogar, en un espacio donde el respeto a los derechos sexuales de todos sea nuestro norte