A continuación, te presentamos los proyectos de ley en discusión en el Congreso Nacional que, de aprobarse, podrían significar retrocesos en los derechos de niñas, mujeres y diversidades, y en sus derechos sexuales y reproductivos.
Información actualizada al 10 de noviembre de 2026, según los registros oficiales de tramitación del Congreso Nacional.
"Escucha su corazón"
Modifica el Código Sanitario para establecer el deber del médico de informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal, y de ofrecerle la oportunidad de escucharla, en forma previa a la interrupción del embarazo
Boletín 18419-11
Modifica el artículo 119 del Código Sanitario para que, antes de que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo en cualquiera de las tres causales de la Ley 21.030, el médico deba informarle si la actividad cardíaca embrionaria o fetal es detectable y ofrecerle escucharla. El ofrecimiento y la decisión de la mujer deben quedar registrados en su ficha clínica.
Además, incorpora una hipótesis en la que el médico “deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo”, lo que agrega una nueva causa de negativa a una prestación de salud que hoy es legal.
Moción de las diputadas y diputados Chiara Barchiesi, Catalina Del Real, Álvaro Jofré, Claudia Reyes y Cristóbal Urruticoechea, ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados en 2026. Se encuentra en primer trámite constitucional, sin urgencia y sin discusión a la fecha.
Bajo la apariencia de un deber de información, el proyecto crea una barrera de acceso a la interrupción legal del embarazo y somete a niñas y mujeres a presión emocional, incluidas víctimas de violación y mujeres con diagnóstico de inviabilidad fetal letal.
Contraviene el estándar de consentimiento informado libre de coerción del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General 22), las recomendaciones del Comité CEDAW a Chile sobre eliminación de barreras de acceso al
aborto, y las Directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (2022), que recomiendan eliminar requisitos que no son médicamente necesarios. Su aplicación podría constituir violencia gineco-obstétrica institucional.
Denuncias falsas
Establece sanciones en el caso de acusaciones, denuncias o querellas falsas y regula el procedimiento para su aplicación
Boletín 18239-36
Crea un delito para quienes formulen acusaciones, denuncias o querellas que sean declaradas judicialmente y estas no lleguen a condena, con pena de presidio menor en grado medio a máximo y multa. La pena se agrava cuando la denuncia se refiere a delitos sexuales o se presenta en procedimientos de familia, y aumenta si la imputación provocó medidas cautelares privativas de libertad o la separación de hijas e hijos.Modifica el artículo 119 del Código Sanitario para que, antes de que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo en cualquiera de las tres causales de la Ley 21.030, el médico deba informarle si la actividad cardíaca embrionaria o fetal es detectable y ofrecerle escucharla. El ofrecimiento y la decisión de la mujer deben quedar registrados en su ficha clínica.
Además, incorpora una hipótesis en la que el médico “deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo”, lo que agrega una nueva causa de negativa a una prestación de salud que hoy es legal.
Moción de las senadoras Vanessa Kaiser, Paulina Balladares y María José Gatica, y de los senadores Manuel José Ossandón y Enrique Van Rysselberghe, ingresada al Senado en mayo de 2026. En junio de 2026 la Corte Suprema informó el proyecto con observaciones a su procedimiento. En agosto fue aprobado por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia y, el 5 de octubre, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género rechazó la idea de legislar. Hoy se discute en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con urgencia de discusión inmediata.
El Código Penal ya sanciona la acusación o denuncia calumniosa y el falso testimonio. Una causa archivada, sobreseída o con absolución por falta de prueba no equivale a una denuncia falsa.
En un contexto de subdenuncia de la violencia de género, este proyecto puede desincentivar que niñas y mujeres denuncien violencia intrafamiliar y delitos sexuales, y abrir la puerta a represalias judiciales contra quienes denuncian. El Comité CEDAW, en su Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, exige a los Estados eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres denunciar y obtener protección.
Facilitación de servicios sexuales
Modifica cuerpos legales que indica para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.
Boletín 18434-07
Crea nuevos delitos en el Código Penal para sancionar a quien explote económicamente el comercio sexual de otra persona mayor de edad, aun cuando esta consienta; a quien administre o facilite plataformas, sitios o avisos que ofrezcan servicios sexuales de personas adultas; y a quien facilite inmuebles para el ejercicio del comercio sexual. También aumenta las penas de ciertos delitos extorsivos cometidos en este contexto e incorpora la nueva figura como delito base de lavado de activos.
Moción de los diputados Jaime Araya, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Eduardo Durán, Mauro González, Raúl Leiva y Diego Schalper, ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados a mediados de 2026. Se discute en la Comisión de Seguridad Ciudadana y, desde el 19 de octubre de 2026, el Ejecutivo hizo presente suma urgencia. Corporación Miles expuso en su discusión en general el 7 de septiembre de 2026.
La legislación vigente ya sanciona la trata de personas con fines de explotación sexual y la asociación criminal. Ante la Comisión, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público advirtieron que sancionar todas las actividades vinculadas al comercio sexual puede aumentar la clandestinidad y los riesgos para las mujeres que lo ejercen, y que el tratamiento del consentimiento podría dificultar la persecución de la trata.
Una mayor clandestinidad expone a mujeres y diversidades a más violencia y dificulta su acceso a la salud sexual y reproductiva y a la justicia.