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Informe Anual 2013: seguimos con cuentas pendientes en derechos humanos

Published On 3 Junio, 2013 |

Por Ana Piquer*. Amnistía Internacional emite todos los años un Informe Anual. El Informe 2013 documenta la situación en 159 países y territorios en todo el mundo, y da cuenta de avances y retrocesos, que dejan claro que los derechos humanos siguen siendo una cuenta pendiente en todo el mundo.

Chile no es la excepción. Es llamativo que las materias destacadas por Amnistía Internacional en el capítulo sobre Chile, siguen siendo las mismas que en los últimos dos o tres años. Salvo por la dictación de la ley antidiscriminación, que representa en alguna medida un avance, en las demás materias los avances han sido escasos.

En materia de violencia policial el capítulo Chile del Informe destaca en forma particular los incidentes de violencia policial ocurridos en el control de las manifestaciones en Aysén en febrero de 2012. Sin embargo, más en general, se destaca la preocupación porque la mayoría de las denuncias de violencia policial ocurridas tras casi todas las manifestaciones de los años anteriores, siguen impunes. Se hace mención además al proyecto de ley sobre resguardo del orden público, también conocido como “ley Hinzpeter”, y las preocupaciones que ha generado desde la perspectiva de los derechos humanos.

Tratándose de derechos de los pueblos indígenas, han existido avances, retrocesos y dificultades en lo relativo a su adecuada implementación, y en especial el derecho a la consulta para la obtención del consentimiento previo libre e informado de los pueblos, tratándose de legislación o proyectos de inversión que los afecten. Las diferentes propuestas del gobierno para la implementación de la consulta indígena han sido criticadas tanto por las propias comunidades, como por el Relator especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Se destaca además la preocupación por las denuncias reiteradas de violencia policial en el contexto de allanamientos en comunidades mapuche, así como desalojos o control de manifestaciones, las que también se han mantenido impunes.

En materia de impunidad por violaciones de derechos humanos, aun existiendo avances en procesos clave, continúan existiendo deudas pendientes. Destaca el año pasado la visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que visitó Chile en agosto de 2012, que mostró satisfacción por los avances en las investigaciones por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, pero expresó preocupación porque, debido a la brevedad de las penas impuestas, pocos de los responsables declarados culpables están cumpliendo una condena.

Finalmente, en materia de derechos sexuales y reproductivos, el aborto sigue siendo delito en Chile en todas las circunstancias. En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Chile a revisar su legislación y despenalizar el aborto en caso de violación, incesto o amenaza para la salud o la vida de la mujer. Resultó lamentable el rechazo de la idea de legislar de un proyecto en este sentido el año pasado, y esperamos que el proyecto sobre esta materia, que está actualmente en el Congreso, tenga mejores resultados. Resulta inaceptable que un Estado parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) obligue a una mujer a continuar su embarazo cuando ha sido víctima de una violación o si su vida se encuentra en grave peligro, y Chile es uno de sólo 6 Estados en todo el mundo que aún criminaliza el aborto en todos los casos (los otros son Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta y el Vaticano), contrastando con los avances en la materia en Argentina y Uruguay.

Es urgente que tanto las actuales autoridades, como los y las candidatos y candidatas, tomen estas preocupaciones en consideración y las incorporen, al fin, en sus programas de gobierno. De lo contrario, el Estado de Chile seguirá estando con cuentas pendientes de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

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