El lento proceso de las universidades para enfrentar casos de acoso sexual

Published On 2 Mayo, 2018 |

Las sanciones que han establecido las instituciones para estos casos van desde amonestaciones hasta la desvinculación. Estudiantes acusan falencias en los reglamentos.


En noviembre de 2017, tres alumnas de la Universidad Técnica Federico Santa María denunciaron a un compañero de carrera por un presunto abuso sexual. Dos meses después, la acusación ingresó a la dirección de asuntos estudiantiles del plantel, pero hasta hace algunas semanas el procedimiento no se había iniciado y los cuatro involucrados seguían compartiendo espacios comunes.

“Claramente, la universidad no tiene las herramientas adecuadas ni personal capacitado para abordar estas situaciones. Todo el año pasado trabajamos en un protocolo para casos de abuso, pero lamentablemente aún no está listo”, sostuvo Constanza Bohle, vocera de la secretaría de género del plantel.

En tanto, desde la Dirección de Comunicaciones de la universidad señalaron que frente a la denuncia, “se está desarrollando una investigación para determinar las correspondientes responsabilidades a través de la comisión universitaria respectiva del campus”. Y añadieron que, una vez que la indagatoria concluya, se conocerán las acciones a seguir.

Lamentablemente, este tipo de situaciones no son aisladas al interior de las casas de estudio. Durante 2017, un número importante de casos de acoso y abuso sexual apareció en los medios de comunicación. Los involucrados eran alumnos, académicos y funcionarios.

De acuerdo a un sondeo realizado por La Tercera, de las 27 instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), 15 afirmaron tener vigente un reglamento que determina el procedimiento a seguir si los estudiantes son víctimas o testigos de una situación de acoso. De las 12 restantes, nueve dijeron estar en el proceso de elaboración del documento y tres declararon no haber iniciado ningún trámite.

La U. Católica es uno de los 15 planteles que sí tienen reglamentación, pero, además, cuenta con una política completa para prevenir el acoso y/o abuso sexual y apoyar a las víctimas. Entre las iniciativas hay un programa llamado Stop, que consta en capacitar a grupos de estudiantes para que sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Pero las acciones no se tomaron solo con los alumnos. Roberto González, académico y coordinador de la comisión de prevención de abusos sexuales en la UC, contó que, además, “existe un programa de buenas prácticas para el cuerpo académico que está a punto de ser aprobado”.

Los académicos no han estado exentos de este tema. De hecho, hace algunos días los alumnos de la U. Austral protestaron por el caso de un docente del instituto de Bioquímica y Microbiología acusado de acosar a una funcionaria de la casa de estudios. La situación mantiene varias carreras movilizadas.

Pero estos dos planteles no son los únicos. En la U. de Chile, desde el pasado viernes, la Facultad de Derecho permanece en toma. El motivo: una denuncia por acoso sexual y laboral interpuesta hace ocho meses por una alumna de quinto año de la carrera, contra el expresidente del Tribunal Constitucional Carlos Carmona.

Pese a la existencia de un protocolo, los alumnos acusan que el tiempo por el que se extendió la investigación es demasiado y que la reglamentación no es suficiente.

Antonia Santos, miembro de la dirección de igualdad de género del Cruch, concuerda con los estudiantes. “Un protocolo no es suficiente cuando no hay políticas de igualdad de género. La reglamentación lo que hace es reconocer que esto puede pasar y, por ende, toma medidas exclusivamente para eso, pero deja de lado otras inequidades dentro de la universidad”, sostuvo.

Su opinión es compartida por la estudiante y vocera de la vocalía de género y sexualidades de la U. de Santiago, Camila León. En ese plantel se aprobó, a comienzos de 2017, un documento de prevención, investigación y orientación en casos de acoso o abuso sexual. Sin embargo, los alumnos acusan que el documento tiene falencias. “El protocolo se aprobó muy rápido y quedaron fuera muchas modificaciones que como estudiantes queríamos hacer. Hoy podemos decir que tenemos algo, pero que lamentablemente no funciona”, sostuvo León.

Uno de los problemas es que una vez realizada una denuncia, si el fiscal a cargo del caso considera que faltan antecedentes, el plazo de 20 días fijado para investigar puede extenderse sin límites. Actualmente, hay casos que llevan más de un año tramitándose, contó la vocera.

En la U. de Concepción, en 2017 enfrentaron situaciones complejas en materia de acoso. En noviembre pasado, un profesor de la carrera de Periodismo fue desvinculado por una serie de denuncias de acoso de parte de alumnas. Además, otros tres docentes fueron investigados.

El plantel tomó cartas en el asunto, y recientemente creó la dirección de identidad de género y diversidad. Una institucionalidad que funcionará de manera permanente y que se encargará de recibir denuncias e investigar casos de acoso. Cecilia Pérez, directora del organismo, dice que como entidad están preparados para recibir un importante número de casos cuando comiencen sus funciones. “Pasa normalmente que cuando se crean institucionalidades especializadas se abre más la confianza y las denuncias tienden a aumentar”, reconoció.

Otra casa de estudios que también tiene una reglamentación en esta materia es la U. de Talca, que hace seis meses aprobó su protocolo. Para el rector del plantel, Álvaro Rojas, este hecho es de mucha relevancia y se ajusta a los actuales tiempos. “La igualdad de género es algo que se valora. Y las universidades debemos avanzar hacia protocolos, mecanismos de denuncia, medidas de resguardo y acompañamiento para entregar seguridad a los denunciantes, que antes se sentían en desmedro”, argumentó.

Universidades privadas

En el caso de las universidades privadas, la situación es similar. De las diez casas de estudio que respondieron la consulta de este medio, seis afirmaron tener una reglamentación, dos dijeron tenerla en proceso y otros dos no haber iniciado ninguna tramitación. Una de estas últimas es la U. Finis Terrae. El rector del plantel, Cristián Nazer, explicó sus razones: “Hasta el momento, con la regulación general ha sido suficiente, ya que se ha mostrado pertinente y adecuada. Por nuestro tamaño y la centralidad de la persona como uno de nuestros valores institucionales, de llegar a presentarse algún caso, puede y debe atenderse con mucha delicadeza, respeto y cercanía”, sostuvo.


Fuente: La Tercera


 

 

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