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Denuncia de Miles: Niegan aborto en tres causales a mujer en Hospital de Carabineros

Hoy martes 2 de abril de 2019 se conoció públicamente la historia de Candy Jamett. Ella, químico farmacéutica y funcionaria de la PDI, denunció a los médicos y médicas del Hospital de Carabineros (HOSCAR) por no constituir la causal 2 de aborto en tres causales por inviabilidad fetal extrauterina y no tomar en cuenta la existencia de tres informes de especialistas que constituían una malformación inviable incompatible con la vida. Sin perjuicio de lo anterior, los médicos optaron por dilatar su caso hasta ahora, que tiene 25 semanas, haciéndola pasar por tratos vejatorios.

Los médicos, desde el principio, le dijeron que no estaban de acuerdo con interrumpir su embarazo. Si había al menos una esperanza de vida, no la interrumpirían. Hicieron caso omiso de la decisión de Candy que, en todo momento, fue no continuar su embarazo al constituir causal 2 de la Ley IVE.

El comité médico del HOSCAR, presidido por el ginécologo Néstor Lagos Friz,  en ningún caso, reconsideró su caso de manera seria. Tampoco pudo recurrir a otro hospital público o clínica, porque al ser funcionaria de la PDI su prestación de salud es Dipreca y pocos establecimientos tienen convenio con dicha institución o, simplemente, los que podían prefirieron no hacerse cargo de su caso, ya que no irían “en contra” de su hospital de referencia.

Desde Corporación MILES, estamos entregando apoyo legal y psicológico a Candy. Creemos que claramente acá se le denegó el acceso a un derecho consagrado por ley y se configura una vulneración a sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la integridad física y psíquica entre otros.

En ese sentido, la normativa técnica del MINSAL es clara: no da para interpretaciones amplias que se ajusten a los cánones morales o éticos de los médicos de turno, ni mucho a menos a excluir informes médicos o considerar únicamente los de su staff privado de un hospital o clínica en particular.

En este proceso, ella ha enfrentado tratos poco dignos que rayan, incluso, en la misoginia: Le han recomendado dar en adopción a su hijo cuando se sabe que es inviable con la vida o le han dicho que no se preocupe de interrumpir su embarazo bajo la ley 21.030 porque de todas maneras lo más probable es que su embarazo no llegue a término.

Esto nos parece de una falta de empatía, sensibilidad y de seriedad de los equipos médicos que merece ser castigado. Es una vulneración gravísima a los derechos sexuales y reproductivos.  Ella hizo todo lo posible para que respetaran su decisión, pero fue en vano. Su opinión no fue importante y deberá continuar con un embarazo que ya sabemos cómo terminará. Finalmente, pesó más la intransigencia médica y la ignorancia respecto a la ley 21.030, sus reglamentos y normativas técnicas, que impidió a que accediera a este servicio.

El caso de Candy es uno de los muchos casos en que mujeres ven vulnerados sus derechos y decisiones a pesar de que la legislación vigente las protege en la teoría. A más de un año de la promulgación de la Ley IVE siguen existiendo trabas importantes que impiden su correcta implementación. En muchos casos, es por la vergonzosa ignorancia de quienes deben implementar la ley. ¿Qué hace el Estado para no abandonar a estas mujeres y se cumpla la ley? Están en deuda con Candy y otras mujeres como ella.