Daniela y Paola

Violencia gineco-obstétrica en Chile

Published On 17 Agosto, 2016 | Columnas

Por Daniela Sanhueza y Paola Pérez*


Constantemente se muestran en la prensa establecimientos de salud colapsados, funcionarios diciendo que no cuentan con las condiciones mínimas para entregar una atención de calidad y usuarios relatando la precariedad de la atención recibida por las largas listas de espera y atenciones en los pasillos. Sin embargo, rara vez hemos visto que una persona acuda a atenderse y se hayan burlado de ella, insultado y menos aún humillado al momento de solicitar ayuda. A pesar de lo anterior, existe un área en la atención de salud donde esto es recurrente. Más aún, no sólo es recurrente sino que pasa a ser totalmente invisibilizado. Por razones obvias, cuando una mujer acude a atenderse en su salud sexual y reproductiva, se enmarca voluntariamente en una situación asimétrica donde le concede poder a alguien más capacitado para que la ayude. Pero cuando este profesional o equipo se convierte en su agresor, la mujer queda en una situación de total vulnerabilidad, más aún cuando en Chile este tipo de maltrato no logra salir de la esfera privada, se normaliza y se entiende como algo incómodo, muchas veces difícil de vivir y de superar, pero inevitable.

El concepto de violencia obstétrica y ginecológica aún no se encuentra masivamente instalado en la sociedad actual. Debido a esto, nos reunimos el año 2014 para comenzar a discutir sobre la necesidad de poner esta problemática sobre la mesa, y luego de revisar las leyes e investigaciones realizadas en el extranjero vimos con preocupación que en Chile no hay una figura legal que proteja a las mujeres en este ámbito ni tampoco se han establecido políticas públicas, programas, equipos ni financiamiento alguno para abordarlo. Al buscar investigaciones científicas, el panorama también es sombrío, no existiendo actualmente estadísticas oficiales que evidencien dicha problemática en nuestro país. ¿Pero qué es la violencia gineco-obstétrica? Se define como cualquier tipo de maltrato ejercido por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se expresa en un trato deshumanizado, abuso o negación de medicación cuando ésta es requerida, manipulación de la información y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad. Es una violencia que puede ocurrir en cualquier momento del ciclo vital de la mujer, pero se evidencia especialmente en torno a la reproducción, embarazo y parto.

A pesar de que como sociedad sabemos las consecuencias que ha tenido la mercantilización de la salud reproductiva y las altas cifras de cesáreas que ponen a nuestro país logrando un triste récord mundial, vemos con preocupación el creciente aumento del número de mujeres que están denunciando no sólo incumplimientos en planes de parto, aceleraciones de partos de bajo riesgo y malas condiciones al momento de atenderse, sino que también sostienen haber recibido insultos, burlas y humillaciones que no tienen bajo ningún concepto justificación médica. La típica frase “¿No te gustó abrir las piernas? entonces ahora no tienes derecho a quejarte” es sólo la punta del iceberg de la enorme cantidad de vulneraciones a las que han sido expuestas las mujeres de forma gratuita y masiva. Al hablar de insensibilidad al dolor y enfermedades femeninas, omisión de la atención oportuna, negación de medicación cuando fue solicitada o requerida y negligencias que han ocasionado graves consecuencias psíquicas y físicas – incluyendo mutilaciones, disfunciones y hasta la muerte de la mujer y/o el recién nacido- dicha sociedad se espanta y se muestra incrédula. Esto nos hace preguntarnos: ¿Por qué al acudir a realizarnos una intervención quirúrgica cualquiera no estamos en riesgo de ser maltratadas, pero en un parto sí existe ese riesgo?

Consideramos que la violencia gineco-obstétrica es el resultado de un entramado entre la violencia institucional y la violencia de género, vulnerando a las mujeres en torno a su salud sexual y reproductiva y donde cualquiera se encuentra expuesta, no importando si va a ser madre o no, su edad, educación o nivel socioeconómico. Esto lo comprobamos en una encuesta que realizamos durante el año 2015, en la cual de un total de 882 participantes, el 54% afirmó haber vivido al menos una situación de violencia obstétrica en su vida, las cuales ocurrieron tanto en el sector de salud pública como privada y en mujeres de todos los grupos etarios.

Esto nos habla de una realidad preocupante y donde se hace necesario no sólo la promulgación de una ley que penalice este tipo de maltrato tal como ha ocurrido en países como Argentina, México o Venezuela, sino que además se necesita que se articulen acciones tanto hacia la prevención y capacitación en los equipos de salud, como también a la entrega de apoyo a las víctimas, facilitando el acceso a denunciar y a recibir los tratamientos que necesiten para superar esta experiencia traumática y sanar secuelas físicas en caso de tenerlas. Estamos conscientes que en el último tiempo han aparecido agrupaciones y profesionales interesados en mejorar su abordaje y entregar un trato digno a las mujeres en su salud sexual y reproductiva, pero nos falta mucho aún y a cada momento surgen nuevos casos, por lo que es urgente que el Estado comience a considerar este tipo de maltrato como una forma más de violencia contra la mujer y tome acciones urgentes para erradicarlo.


 

*Fundadoras y directoras del Colectivo Contra la Violencia Obstétrica-Chile


 

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