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Aborto en el Mundo: El precio que han debido pagar las mujeres

Published On 12 Julio, 2016 | Columnas

Según datos oficiales de la ONU en un total de 60 países (30,5%) el aborto es legal en cualquier circunstancia y en 130 (66%) la legislación lo permite en algunas circunstancias especiales, como: violación, inviabilidad, problemas socioeconómicos, de salud, riesgo de vida de la madre o problemas con el feto. Los casos de México y Australia son especiales, ya que la Ley en dichos países permiten el aborto, pero con diferencias según las distintas regiones. Chile es uno de los seis países del mundo que aún mantienen el aborto en total ilegalidad

 


 

Por María Cristina Prudant.- Ese es el precio que han tenido que pagar muchas mujeres en el mundo para lograr que exista una legislación que las proteja y también a sus hijos que en muchos casos han quedado huérfanos porque a veces la mujer se desespera y recurre a prácticas poco seguras para terminar con un embarazo no deseado, quizás por cuantas razones que a veces es difícil de entender, pero que si se analiza desde muchos aspectos es posible entender las razones de una decisión tan dura que adoptan algunas mujeres en el mundo.

Chile, junto a El Salvador, Nicaragua, la República Dominicana, Malta y El Vaticano, son los seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico, esto es, la interrupción del embarazo inducido y voluntario por parte de la madre bajo cualquier precepto.

No fue siempre así. El aborto fue legal hasta 1989, año en el que el dictador Augusto Pinochet derogó el artículo de la Constitución que lo legislaba y contemplaba.

El aborto clandestino

Según cifras del  Ministerio de Salud de Chile, el aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el país. El 7% de las muertes por esta causa se producen por la mala praxis que se caracterizan las intervenciones clandestinas que se realizan para interrumpir el embarazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que cada año se realizan 26 millones de abortos a nivel mundial y 20 millones más de forma ilegal, los cuales, el 98% tienen lugar en países en desarrollo. Estos últimos, según indicó la propia OMS, suponen un riesgo para la madre puesto que, en términos generales, el personal que lo perpetua no está capacitado, ni el contexto en el que se desarrolla cumple con los estándares mínimos de salubridad.

En total, 69.000 mujeres mueren anualmente por las complicaciones que les ocasiona un aborto inseguro, es decir, una cada ocho horas. Esto sin contar las que quedan con secuelas que arrastrarán a lo largo de su vida. La institución mundial habla en este caso de entre 2 y 7 millones.

Los niños con síndrome de Down

La socióloga, Claudia Dides de la Fundación Miles destacó como los casos más conocidos sobre ley de aborto son Uruguay y México, en el Distrito Federal. Según explicó a Cambio21 ambas leyes tienen diferencias con lo que se aspira a legislar en Chile, que sería bajo tres causales, en cambio en estos países es por plazo y bajo cualquier circunstancia.

“El caso de Uruguay ha sido bastante interesante el proceso porque bajaron bastante las tasas de mortalidad materna. Y el único caso de mortalidad del año pasado correspondió a alguien que se lo hizo en clandestinidad. Entonces, lo bueno de la ley es que sea un aborto seguro, que las mujeres no sean criminalizadas, estén atendidas por personal de salud que puedan garantizar un buen resultado. En el caso de México, en el Distrito Federal, también ha podido bajar las tasas de mortalidad materna, bajaron los abortos inseguros y por lo tanto la mujer no se siente criminalizada y están con más apoyo”, comentó la socióloga.

También señaló que ha ocurrido en países como Brasil, donde se logró la inviabilidad fetal, específicamente en el caso de anencefalia “y eso ha provocado dos cosas: que las mujeres no sean llevadas a término de su embarazo ni que las hagan parir fetos anencefálicos, lo pueden decidir antes. Eso ha bajado el nivel de angustia en las mujeres, incluso la posibilidad de hacerse abortos clandestinos. Todas estas leyes, independientes de las causales lo que pretenden es evitar que las mujeres accedan a métodos inseguros, evitar que entren en redes clandestinas y que compren medicamentos en el mercado negro, que abundan en América Latina”.

Agregó que el caso de Colombia “es bien particular porque lo decidió el Tribunal Constitucional, no el parlamento como en el caso chileno, y tiene las tres causales y ha funcionado bastante bien en centros de salud y redes del sistema de salud del país”.

Vives destacó que en el caso del Distrito federal, México y de Uruguay hay un aumento de las mujeres que abortan porque son las que ya no van clandestinamente y se puede regular en ese sentido. Pero es importante destacar que en todos los casos hacen planificación familiar pos aborto, es decir que las mujeres se vayan con un método anticonceptivo para evitar en caso de violación sobre todo y en cualquier otra causal que tenga que hacerse un aborto”.

En cuanto a la situación en Chile, la socióloga, plantea que “somos atrasados, este es un país muy conservador, pero tuvimos la ley desde el año 1931, estaba el Código Sanitario, que pasó por todos los gobiernos y justamente la derogan en dictadura, Jaime Guzmán Opus Dei. Uno queda un poco espantada como en otros países se ha regulado el aborto pero nosotros seguimos al nivel de países como Nicaragua, El Vaticano, países sudafricanos que no tienen nada que ver con los indicadores de Chile”.

Respecto a la postura de algunos parlamentarios chilenos que con sus dichos sobre el aborto se han extralimitado, Claudia Vives recordó que “lo que hicieron el otro día de llevar a niños y niñas con síndrome de down al Congreso, les metería una querella porque están utilizándolos”.

Y descarta de plano lo mencionado por parlamentarios de derecha en el sentido que ya no habrá niños down en Chile. “En ninguna parte la ley contempla este aspectoporque no es una inviabilidad fetal, porque un niño con síndrome de down puede vivir, eso no está dentro de las enfermedades inviables. Eso es falso. Otra cosa es que existan mujeres en Europa que una vez entregado el diagnóstico no quieran y aborten, eso es otro tema. La verdad que lo que hicieron fue una falta de respeto con las familias que tienen niños con síndrome de down. Sus comentarios no dan para análisis por lo imbéciles que fueron”.

 

Legislación sobre el aborto en diferentes países 

México. Desde abril de 2007, las mujeres en Ciudad de México pueden abortar libremente hasta las 12 semanas de gestación. El estado mexicano es el más liberal a este respecto de los 31 que conforman el país centroamericano.
Todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación, por un lado, y todos, salvo en Guanajuato, Guerrero y Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. Otros catorce de los treinta y uno contemplan las deformidades fetales graves como causa para interrumpir un embarazo. El estado de Yucatán es el único que, desde 1922, concibe los factores económicos como motivo para abortar cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más descendientes.
Por el contrario, en otros departamentos, como Guanajuato, esta práctica implica penas de prisión de hasta 30 años.

Estados Unidos. La normativa establece en un trimestre el plazo dentro del que una mujer puede interrumpir su embarazo. La legislación estatal de cada estado no puede, en ningún caso, transgredir esa prescripción. En cambio, tienen la potestad de imponer restricciones o prohibiciones a partir de ese momento.

Esta legislación fue adoptada tras la sentencia del caso Roe contra Wade en 1973, en la que se reconoció a Jane Roe el derecho de interrumpir un embarazo producto de una violación. El fiscal del estado, Henry Wade, se oponía a avalar esta práctica. La demandante terminó dando a luz mientras el caso se resolvía. El bebé fue dado en adopción.

Finalmente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor de Jane Roe con una sentencia revolucionaria en pro del derecho de la mujer a abortar en cualquier caso, pero sujeto a determinado tiempo de gestación.

Canadá. Desde 1988, es uno de los pocos países que contempla el aborto inducido sin límite de gestación y sin costo alguno para la mujer, puesto que se practica en instalaciones médicas públicas.

Ecuador. El aborto es ilegal, y  solo se contempla en dos supuestos: si la vida o la salud de la mujer está en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación de una mujer con discapacidad mental. La pena por interrumpir un embarazo para la mujer es de uno a cinco años de prisión, y entre dos y cinco para el médico o personal que lo practique.

El Salvador.
 La penalización del aborto es absoluta y bajo cualquier precepto. No se contempla ningún caso excepcional por el que la mujer pueda interrumpir su embarazo, aunque haya sido producto de una violación, suponga un peligro para su salud o el feto presente graves malformaciones. Así, el artículo 133 del código penal de ese país latinoamericano castiga a “a aquel que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare” con penas que van desde los 2 a 8 años de prisión, a lo que hay que sumar la penalización correspondiente por homicidio.

La legislación restrictiva que dispone El Salvador en materia de aborto causó una gran controversia y conflictos diplomáticos a nivel internacional por el caso de Beatriz (nombre ficticio), una salvadoreña a quien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le prohibió interrumpir su embarazo.

La mujer padecía Lupus y preclamsia, complicación del embarazo, mientras que su feto había sido diagnosticado con anencefalia.A pesar de las presiones de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, que hizo un llamamiento público al gobierno del país para que modificase su legislación, la joven de 22 años dio a luz a una niña por cesárea que murió a las pocas horas. El gobierno declaró que la intervención se realizó debido a las contracciones de la madre y no porque hubiesen aprobado un aborto terapéutico.

Italia. En este país se despenalizó el aborto en 1978 y es libre y gratuito en los primeros 90 días de gestación en caso de riesgo para la salud física y sicológica de la mujer. También si hay dificultades económicas, sociales o familiares o ante anormalidades del feto.

Carlo Casanovo, doctor en Derecho y miembro de la Comisión Nacional de Bioética de su país estuvo en Chile participando en un Seminario y sobre el aborto comentó, por ejemplo, que “Con esta ley hemos reducido de 200 mil a 100 mil los abortos en Italia”. A su juicio “es una paradoja porque tenemos una ley muy liberal, pero que no es muy utilizada. Las italianas no la consideran un método de control de natalidad. Una mujer que aborta por primera vez, casi no vuelve a hacerlo. La tasa es de 6 casos por mil nacimientos. Creo que ha funcionado porque la población ha sido educada y sensibilizada con el tema.

En Colombia se permite el aborto en tres únicos casos desde que ocurrió el caso de Martha Sulay González. Después de ser madre de tres hijas se practicó una ligadura de trompas, sin embargo, la mujer volvió a quedar embarazada. A las cuatro semanas de embarazo, se le detectó un cáncer de cuello de útero que debía ser tratado con quimioterapia, lo que suponía un riesgo mortal para el desarrollo fetal del futuro bebé.

Solicitó entonces un aborto inducido ya que, en caso contrario, sus probabilidades de seguir con vida debido a lo agresivo del cáncer eran nulas. Debido a la legislación que había en su país se le negó la práctica. Finalmente, dio a luz a su cuarta hija, aunque para entonces el cáncer se había reproducido con metástasis en varios órganos y ya no se le podía hacer un tratamiento.

Martha Sulay González continuó su lucha para la despenalización del aborto, que logró tras la sentencia en el año 2006. Un año después, moriría, rodeada de sus cuatro hijas, a casusa de los efectos devastadores del cáncer.

Su batalla logró un hito histórico, la sentencia 355 de la Corte Constitucional de 2006 por la que en todo el territorio colombiano se contempla la interrupción inducida del embarazo en tres supuestos: en caso de violación, cuando existe peligro para la salud física de la madre y en caso de graves malformaciones o problemas de salud del feto.


Fuente: Cambio21


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